El 5 de junio del 2009 fue un día triste para el Perú. El país amaneció con la noticia de un enfrentamiento entre policías y civiles en la Curva del Diablo, en Bagua, en la región amazónica del país.
El enfrentamiento ponía un sangriento final a 55 días de protesta de las comunidades amazónicas awajún y wampis, quienes exigían la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y el 1064 que ponían en riesgo su territorio, y que, además, eran incompatibles con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el cual el gobierno está comprometido a promover y respetar la consulta previa a los pueblos indígenas sobre el uso de su territorio.
Las horas de angustia para quienes habíamos estado en Bagua y en las comunidades awajun y wampis fueron interminables, pues nadie sabía qué estaba pasando realmente allá. Los canales de televisión y las radios daban distintas cifras de muertos y heridos por el enfrentamiento mientras las redes sociales se llenaban de referencias a lo que estaba ocurriendo en la selva peruana.
Escribí mails a Amaya, cooperante de Unicef; y a Marino, de la etnia wampi quien también trabajaba para Unicef, con la esperanza de recibir noticias de lo que estaba sucediendo. No hubo respuesta en todo el día. Con el paso de las horas, la tristeza se hacía mayor ante la confirmación de que había ocurrido una matanza entre peruanos.
Recién cinco días después recibí la respuesta de Amaya, quien compartía sus temores por lo ocurrido en la Curva del Diablo y por las personas que habían salido de las comunidades hacia Bagua.
"Estamos en Nieva (Santa Marìa de Nieva) a la espera de las personas que están retornando. De estación 6 ya ha llegado gente y parece que han llegado algunas personas que han estado por Bagua y se espera que vayan llegando los que han salido en camiones desde Bagua, que por cuestiones de logística y temores por los militares parece que se han quedado por Imaza. Aquí, la iglesia y una comisión integrada por una autoridad de la municipalidad provincial han organizado la logística del retorno de la gente para brindar garantías a las personas que regresan, pues temían que en el puesto militar de Pinglo pudieran ser detenidos o algo por el estilo.
No sé cómo estará la situación en las comunidades, pero la gente está muy preocupada porque se desconoce el paradero de la mayoría de los que han estado en Bagua y, bueno, se tejen un montón de suposiciones y temores.
Muy preocupante la posición del APRA para que se empiecen a calmar los ánimos... veremos qué ocurre".
Han pasado dos años y ya sabemos lo que ha ocurrido. Los responsables políticos de la muerte de 34 personas no han sido incluidos en los procesos judiciales que se siguen por los sucesos de Bagua. Ni Mercedes Cabanillas, ministra del Interior de esa época; ni Yehude Simon, primer ministro en esa fecha y actual congresista electo, han asumido su responsabilidad.
Tampoco se ha aprobado la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas , una ley que ha ido rebotando del Congreso al Ejecutivo desde mayo del 2010, ya que el presidente Alan García la ha observado, pues asegura que en ningún caso, la norma puede significar el derecho al veto por parte de las comunidades nativas.
“Es decir, cuando se quiera construir una carretera o un gasoducto, si es que los comuneros dicen que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz y sin gas Lima, cuando el país es de todos los peruanos”, ha dicho García en algún momento.
Dos años después, las comunidades amazónicas siguen esperando un trato justo y equitativo que respete sus derechos como peruanos. Siguen esperando tener una legislación que los proteja como ciudadanos de este país. Y siguen esperando que se cierren las heridas por tantas muertes.
El enfrentamiento ponía un sangriento final a 55 días de protesta de las comunidades amazónicas awajún y wampis, quienes exigían la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y el 1064 que ponían en riesgo su territorio, y que, además, eran incompatibles con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el cual el gobierno está comprometido a promover y respetar la consulta previa a los pueblos indígenas sobre el uso de su territorio.
Las horas de angustia para quienes habíamos estado en Bagua y en las comunidades awajun y wampis fueron interminables, pues nadie sabía qué estaba pasando realmente allá. Los canales de televisión y las radios daban distintas cifras de muertos y heridos por el enfrentamiento mientras las redes sociales se llenaban de referencias a lo que estaba ocurriendo en la selva peruana.
Escribí mails a Amaya, cooperante de Unicef; y a Marino, de la etnia wampi quien también trabajaba para Unicef, con la esperanza de recibir noticias de lo que estaba sucediendo. No hubo respuesta en todo el día. Con el paso de las horas, la tristeza se hacía mayor ante la confirmación de que había ocurrido una matanza entre peruanos.
Recién cinco días después recibí la respuesta de Amaya, quien compartía sus temores por lo ocurrido en la Curva del Diablo y por las personas que habían salido de las comunidades hacia Bagua.
"Estamos en Nieva (Santa Marìa de Nieva) a la espera de las personas que están retornando. De estación 6 ya ha llegado gente y parece que han llegado algunas personas que han estado por Bagua y se espera que vayan llegando los que han salido en camiones desde Bagua, que por cuestiones de logística y temores por los militares parece que se han quedado por Imaza. Aquí, la iglesia y una comisión integrada por una autoridad de la municipalidad provincial han organizado la logística del retorno de la gente para brindar garantías a las personas que regresan, pues temían que en el puesto militar de Pinglo pudieran ser detenidos o algo por el estilo.
No sé cómo estará la situación en las comunidades, pero la gente está muy preocupada porque se desconoce el paradero de la mayoría de los que han estado en Bagua y, bueno, se tejen un montón de suposiciones y temores.
Muy preocupante la posición del APRA para que se empiecen a calmar los ánimos... veremos qué ocurre".
Han pasado dos años y ya sabemos lo que ha ocurrido. Los responsables políticos de la muerte de 34 personas no han sido incluidos en los procesos judiciales que se siguen por los sucesos de Bagua. Ni Mercedes Cabanillas, ministra del Interior de esa época; ni Yehude Simon, primer ministro en esa fecha y actual congresista electo, han asumido su responsabilidad.
Tampoco se ha aprobado la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas , una ley que ha ido rebotando del Congreso al Ejecutivo desde mayo del 2010, ya que el presidente Alan García la ha observado, pues asegura que en ningún caso, la norma puede significar el derecho al veto por parte de las comunidades nativas.
“Es decir, cuando se quiera construir una carretera o un gasoducto, si es que los comuneros dicen que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz y sin gas Lima, cuando el país es de todos los peruanos”, ha dicho García en algún momento.
Dos años después, las comunidades amazónicas siguen esperando un trato justo y equitativo que respete sus derechos como peruanos. Siguen esperando tener una legislación que los proteja como ciudadanos de este país. Y siguen esperando que se cierren las heridas por tantas muertes.
